Gobierno Petro perdió el impulso de monetizar la biodiversidad

El color azul es el más difícil de obtener en la naturaleza y Colombia es hoy uno de los cinco proveedores a nivel mundial para el sector alimentos, con una cualidad diferencial: su colorante natural se mantiene estable al mezclarlo con sustancias ácidas. La jagua, el árbol que lo produce, se ha encontrado en Chocó, Antioquia y el Magdalena Medio, aunque Eco Flora, la empresa de Medellín que tras quince años de trabajo obtuvo el permiso para su comercialización en todo el mundo, cree que puede estar a lo largo y ancho del país.

Las comunidades afro e indígenas han usado tradicionalmente su fruto para tatuarse o teñirse el pelo. Para la industria, la científica chocoana Sandra Zapata —producto de su tesis doctoral en la Universidad de Antioquia— desarrolló la fórmula para extraer el azul de jagua y convertirlo en un colorante que no tiñe el organismo al consumirlo ni tiene ningún efecto adverso.

No es un caso fortuito. Colombia, gracias a Chocó, es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. En aves y en orquídeas es el que más especies tiene, y comparte con otros ocho países la Amazonía, que cubre un 42 por ciento de su territorio y alberga el 10 por ciento de la biodiversidad del mundo. Pero su modelo económico está lejísimos de responder a esa realidad.

Eco Flora no ha empezado a dar utilidades aún, aunque tiene un futuro promisorio. Este año la demanda de su colorante equivale a 70 toneladas de jagua, y calcula que en 2032 podría llegar a las 500. Por ende, tampoco ha empezado a pagar regalías al país por la comercialización de su producto.

En el mundo, los sectores farmacéuticos, de alimentos, cosmético, entre otros, que están basados de manera importante en el uso de biodiversidad y sí generan amplias ganancias, no comparten, en todo caso, los beneficios equitativamente.

Para el uso del material genético derivado directamente de las plantas, microorganismos y hongos —que son patrimonio de la nación— muchos países tienen normas que regulan el acceso y pago de recursos, aunque su alcance es aún limitado. Pero desde hace años mucha de la información de cómo son y cómo funcionan las especies, que es usada por la ciencia y la industria, está digitalizada y es difícil ya saber de dónde proviene. Se conoce como información de secuencias digitales (DSI). Sobre esta muy pocos países reciben hoy algún ingreso.

En ese contexto, La Silla Amazonía investigó cuál es la situación de Colombia con respecto a la monetización de su biodiversidad. Encontramos que más de 40 mil patentes registradas en EE. UU. mencionan plantas endémicas de la Amazonía colombiana y no es claro que las empresas titulares paguen algo por ese uso al país.

Por otro lado, las regalías que ha recibido el gobierno colombiano en los últimos diez años son irrisorias: no superan los cien millones de pesos, lo cual refleja un mercado y un ecosistema empresarial que aunque tiene mucho potencial, es incipiente, en buena medida debido a la falta de impulso y visión de las políticas públicas. Lo cual no cambió en el gobierno Petro, afín a la causa.

Y el Fondo Cali, el mecanismo multilateral aprobado en la COP16 de biodiversidad, bajo el liderazgo de la exministra de Ambiente Susana Muhamad, que busca corregir esa desigualdad en el reparto de beneficios por el uso de la biodiversidad y que podría ser una fuente importante de ingresos para Colombia, todavía está lejos de implementarse.

El gobierno colombiano reconoció, además, que no es una de sus prioridades actuales y aunque está participando en las discusiones sobre las reglas para que sea operativo, los esfuerzos para movilizar la opinión y a los actores involucrados —como empresas y pueblos indígenas o comunidades locales que podrían beneficiarse— son casi nulos.

La Silla revisó los informes públicos de gestión social y financieros disponibles de las 20 organizaciones con más registros desde 2014 y no encontró pagos públicos verificables —con monto, beneficiario y soporte del pago— específicamente ligados al uso de material genético o DSI. El registro hoy disponible, el del Fondo Cali, muestra que al cierre de 2025 solo había recibido una contribución pública, por US$1.000, hecha por la start up TierraViva AI Limited. Aunque esta no cumple con las condiciones de monto de utilidades, ingresos ni activos para aportar a ese mecanismo, hizo un aporte simbólico para animar a otras empresas a hacer lo mismo.

En Colombia está cerca de aprobarse un medicamento para tratar el cáncer gástrico a base del fruto del dividivi, un arbusto que parece un chamizo, familiar para quienes han ido al Cabo de la Vela en carro.

Susana Fiorentino, la mayor accionista de Dreembio, la empresa que lo está produciendo, cuenta que las propiedades de las plantas no son evidentes a simple vista. Generalmente, los científicos como ella, cuando llegan a un territorio, preguntan a las comunidades que lo habitan por los usos que tienen en el día a día.

Los campesinos de Boyacá, donde también se da el dividivi, le contaron que lo usaban para la sinusitis, que es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias, pero también le dijeron que dañaba los dientes. Esos dos datos le indicaron que podía servir para tratar el cáncer —que es un proceso inflamatorio de las células— y que si dañaba los dientes era porque tenía unos compuestos que se podían oxidar rápidamente y ser tóxicos.

Esas moléculas usadas en una justa medida pueden matar las células tumorales. El dividivi además activa la respuesta inmune en el organismo y potencia los efectos de la quimioterapia en los pacientes. Encontraron que los pacientes que lo usan tienen más posibilidades de eliminar el tumor.

Tras cinco años, casi 5 mil millones invertidos y varias fases de experimentar en pacientes sanos y enfermos, el medicamento está en la recta final para poder ser comercializado en Colombia y en América Latina. El camino que ha recorrido Dreembio confirma lo poco competitivo que es Colombia en el sector y las dificultades que enfrentan las empresas para salir adelante.

A nivel mundial existen diferentes marcos normativos que regulan el acceso a material genético. Uno de los más importantes es el Protocolo de Nagoya, que buscó ser un escudo para que los países defendieran la soberanía sobre sus plantas, microorganismos y hongos, de manera que cualquier persona o empresa que quisiera acceder a ellos con fines de investigación deba pedirles permiso. Y también tuvo como objetivo que la industria tuviera que acordar con los Estados un reparto equitativo de los beneficios derivados de su uso, especialmente cuando se desarrollan productos o servicios a partir de esas especies.

Aunque el gobierno Santos suscribió Nagoya en el año 2011, nunca se pudo ratificar. Lo intentó hacer el exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, pero en 2018 el MinInterior determinó que requería consulta previa en todo el país. Los cálculos de la fecha eran de cerca de 11 mil millones de pesos para hacerla. Agotado ese proceso, requería, además, dos rondas en el Congreso para ser aprobada por ser una reforma constitucional.

Eso ha implicado que Colombia no hable el mismo lenguaje del resto del mundo en materia de manejo de la diversidad biológica, y que algunas empresas o países no sientan seguridad jurídica. La falta de Nagoya ha sido parcialmente solventada, en todo caso, con un marco normativo que Colombia viene desarrollando desde 2013. Los mayores impedimentos para que Colombia hoy sea una potencia en el uso de sus recursos genéticos, a la altura de Brasil o Costa Rica, pasan, sobre todo, por la falta de una apuesta de gobierno, de inversión e incentivos para desarrollar ese sector.

“No hay ninguna exención tributaria, ni apoyos económicos para que las empresas puedan solventar sus gastos fijos de nómina, arriendo, por lo menos temporalmente”, dice Fiorentino. Sin el apoyo de la Universidad Javeriana, que ha sido su financiadora y es la dueña de la patente, y sin su propio trabajo como profesora de esa institución, cree que no habría sido posible.

Por eso, aunque a su empresa no le aplica el Fondo Cali por no estar en el rango de ingresos, le cuesta la idea de que además de la poca ayuda gubernamental las empresas tengan que eventualmente hacer aportes a ese mecanismo. Cree que tiene más sentido fomentar la industria como tal por la riqueza que ésta genera a través de impuestos, empleos y solicitud de otros servicios.

Por otro lado, el tiempo de respuesta para obtener los permisos es largo. Para acceder a recursos genéticos en Colombia es necesario contar con un contrato de acceso, ya sea con fines de investigación o comerciales. A corte de 2022, el último dato disponible, existían apenas 622 contratos vigentes, de los cuales solo 15 tenían fines comerciales.

Aunque en la COP16 se aprobó adoptar el Fondo Cali, su implementación ha sido un tema de debate desde entonces. Al estar dirigido a las empresas, pero no ser vinculante, necesita tener unas reglas que funcionen como incentivos y las convenzan de que es mejor aportar al Fondo —que es un mecanismo multilateral— que seguir haciendo acuerdos bilaterales y pagos a los países donde cada empresa está registrada. Eso también pasa con los gobiernos que tienen una normatividad robusta, como Brasil: necesitan estar seguros que los pagos que ya reciben por el uso de su biodiversidad no se van a reducir.

Las empresas tienen al menos dos incentivos grandes para echar a rodar el Fondo Cali. Uno es que esto contribuya a mantener abierto el acceso a las bases de datos donde reposa la información genética de las especies (el ADN de cómo funcionan y para qué sirven) para mantener así la innovación y el desarrollo científico. El otro es evitarse tener que conocer la normatividad de cada país y tener que hacer acuerdos privados con cada uno para acceder a su diversidad biológica.

Aún así, hay muchas dudas. “El Fondo Cali llevó la discusión muy lejos, pero ya en detalle hay muchas preguntas aún pendientes de respuesta. Las soluciones de ayer son los problemas de mañana”, dice Julián Portilla, miembro de la iniciativa de diálogos informales sobre DSI, que busca promover espacios entre los diferentes actores involucrados para contribuir a la implementación del mecanismo.

Una de las discusiones grandes tiene que ver con la forma como se calcula el aporte que tienen que hacer las empresas que cobija el Fondo Cali, esto es las que cumplan dos de tres requisitos: tener más de 20 millones de dólares de activos (87 mil millones), ingresos anuales por 50 millones de dólares (196 mil millones) o ganancias por cinco millones de dólares (21 mil millones), en promedio según los últimos 3 años. Las empresas podrán escoger entre pagar un 1 por ciento de sus utilidades o un 0,1 por ciento de sus ventas.

Como quedó planteado en el documento que acordaron las partes, la fórmula aplica de la misma forma para todos los sectores de la economía que se presume que usan directa o indirectamente información genética digitalizada de las plantas, microorganismos y hongos para producir sus bienes o servicios.

Pero Natura Cosméticos, por ejemplo, la empresa brasilera, cree que el porcentaje del aporte debe ser diferenciado por sector, según el uso que hace cada uno del material genético.

En el cosmético, Alejandro Gutiérrez, director de sostenibilidad de Natura, sostiene que por lo menos en esta empresa este tiene un peso de menos del 10 % del total de sus productos, versus el farmacéutico que es intensivo en el uso. El valor sugerido de pago actualmente está pensado para que aplique sobre el total de ingresos o utilidades, lo cual no tendría en cuenta estas realidades.

También está el caso de una empresa que usa información genética digital que le vendió otra empresa, para elaborar un suplemento alimenticio. Es decir que se beneficia, indirectamente, del material. Ahí no es claro si también debería hacer un aporte y de cuánto, explica Portilla.

En la misma línea, pone el caso de una petroquímica que decide abrir una línea de productos a base de biocombustibles para experimentar. No es para nada argumentable que debería hacer aportes sobre el total de sus ingresos o utilidades más allá de las que hacen uso de DSI.

Al mismo tiempo, Portilla llama la atención sobre una contradicción implícita en el hecho de que algunas empresas argumentan que es imposible rastrear el uso del material genético que hacen, pero cuando quieren señalar que no es tanto sí logran identificar su peso en la producción de sus bienes y servicios.

En términos de los beneficios para las comunidades, Natura tiene acuerdos con aquellas de dónde ha sacado el material genético. Al empezar a hacer aportes al Fondo, esa relación más directa se perdería, pues los recursos irían a una bolsa común con otras reglas de distribución a nivel global.

No es una cuestión menor, porque de por medio está que las empresas puedan garantizar su cadena de suministro. Construir una relación más directa con las comunidades que les proveen las plantas o los frutos redunda en una mayor fidelización, que a la larga el Fondo Cali podría poner en riesgo.

Todavía no está claro tampoco cómo se hará la distribución entre los países. La secretaría del Convenio de Biodiversidad está trabajando en una fórmula que mezcla: cantidad de riqueza natural, origen de las especies de las que se extrae la información, necesidades diferenciadas de fondos para conservar la biodiversidad y aportes de las comunidades en terreno para desarrollar ese conocimiento y conservar las especies.

En principio, los países en desarrollo con una alta riqueza natural deberían ser los primeros beneficiarios, pero dentro de estos están priorizados, a su vez, los pequeños Estados Insulares del Pacífico, con unas necesidades mayores para financiar la conservación de su biodiversidad.

Aún así esto no necesariamente es bueno para todos. Brasil es el país más megadiverso del mundo y hoy tiene asegurado un flujo de recursos grande por las empresas que usan su biodiversidad. Con el Fondo aún no es claro que esa cantidad se mantenga porque la tasa es “indicativa” y puede haber empresas que paguen menos incluso, según Patrick Luna, diplomático de ese país.

Otro punto importante de ese país ha sido que la asignación de recursos no siga la lógica de la cooperación internacional —donde los gobiernos y comunidades indígenas y locales tienen que aplicar a ellos a través de proyectos y luego presentar informes de ejecución—. Lo ideal, en cambio, es que esos aportes irriguen directamente las finanzas públicas de los países. En este punto, para los pueblos indígenas habría una diferencia si pueden recibir recursos directamente a través de sus propias organizaciones o instituciones o si deben hacerlo a través de los gobiernos de los países.

Otro asunto importante es que las empresas necesitan tener certeza de que aportar al Fondo les valga como el pago de regalías que hoy muchas hacen directamente a los gobiernos de sus países, es decir, que no haya doble contabilidad. Eso requiere que los países adopten dentro de su andamiaje institucional y normativo al Fondo Cali, y que puedan tener como válida para efectos internos la respectiva constancia de pago.

De acuerdo a Andrea Noy, consultora del BID en temas de biodiversidad, y antes oficial de los mismos temas de la Embajada de UK, donde trabajó en el tema, las empresas también expresaron preocupación en la semana de la biodiversidad de Cali, del año pasado, frente a dar el primer paso, bien porque un aporte demasiado alto podría poner la vara muy alta para el resto, o porque uno muy bajo tendría un riesgo reputacional.

Herramienta: mención de biodiversidad de Amazonía colombiana en patentes mundiales

Cada hoja parte del punto de colecta del material genético en Colombia y vuela hacia el país que registró la patente. Filtra por país de destino o por si la especie está dentro de un resguardo indígena.

Para construir este mapa, La Silla cruzó las solicitudes de patentes registradas ante la USPTO (2000–2025) que mencionan especies o subespecies endémicas de la Amazonía colombiana —según la base de datos de Biodiversidad del SIB del Instituto Humboldt—, identificó su ubicación geográfica de colecta y la cruzó con los polígonos oficiales de los resguardos indígenas registrados por el Igac. Cada hoja animada representa una patente: parte del punto exacto donde se reportó la especie y viaja hasta el país de la oficina donde quedó registrada.

Fuente: USPTO (United States Patent and Trademark Office) · Resguardos: Igac · Especies: SIB Colombia (Instituto Humboldt).